Concurso de acreedores y coronavirus

Concurso de acreedores y coronavirus

Concurso de acreedores y coronavirus. La crisis financiera causada por la Covid-19 pone en peligro la continuidad de un significativo número de compañías de este país. Después de una primera oleada en la que los ERTE han sido los protagonistas, los juzgados se organizan para enfrentarse a una nueva oleada de concursos de acreedores. Un paso que muchas compañías podrían sortear o culminar con éxito, según los expertos, si actúan con bastante previsión.

Empleando el diccionario médico, podemos exponer que hay 3 tipos de compañías según su importancia de damnificación por el coronavirus. En primer término, están las empresas inmunes, que son aquellas que se dedican a servicios necesarios o de consumo periódico y que no han detenido su trabajo y que, inclusive, “pueden resultar reforzadas de la crisis”. En segundo lugar, las que son asintomáticas, que a pesar de la complicada circunstancia, tienen un soporte financiero elevado para impedir el cierre. Por último, están las infectadas, que son las que se encuentran inmersas en un escenario de insolvencia prácticamente definitivo.

La inmensa mayoría de estas últimas son autónomos y pymes que se tendrán que acudir a un concurso de acreedores. De todos modos, para lograr la máxima viabilidad de resistencia, lo primero es revisar de manera objetiva el escenario real de la organización y, a después de ese dictamen, plantear un procedimiento de acción teniendo en cuenta todas las herramientas que ofrece la ley.

Concurso de acreedores y coronavirus

Es trascendental subrayar que, durante la crisis, se ha puesto en suspenso la obligación que tienen las compañías insolventes de gestionar su concurso o comenzar una conversación para alcanzar a un convenio con sus acreedores. De no proceder en fecha, la ley decreta que el concurso de acreedores puede considerarse de culpable. Con el consecuente peligro para el administrador, que puede tener que garantizar solidariamente con sus posesiones de las deudas de la compañía que se hubieran producido o aumentado por este motivo.

Para proporcionar más tiempo a las empresas afectadas, el real decreto-ley de medidas urgentes del pasado 17 de marzo dio un periodo de 2 meses a contar desde el término del estado de alarma. Asimismo, en este plazo, los acreedores tampoco podrán actuar en contra las empresas. De todos modos, algunos expertos legales consideran este aplazamiento escaso. Además, se deberían instituir medidas para impedir que los administradores puedan ser declarados responsables de sus actuaciones para proteger la empresa. En cualquier caso, esta prórroga no significa que las compañías que estén en circunstancia de quiebra no puedan organizar o pedir su concurso de acreedores.

Aunque son escasamente conocidas, la ley ofrece a las empresas todavía asintomáticas o con dificultades muy recientes una serie de instrumentos que pueden aplicar antes de ingresar en una tramitación de insolvencia. Son las denominadas herramientas preconcursales. Son mecanismos basados en la cultura del rescate anticipado y la idea de que una acción temprana es fundamental para la continuidad de las sociedades. Entre ellos están los denominados acuerdos extrajudiciales de desembolso o refinanciaciones. Además del preconcurso propiamente dicho. Este último es un proceso para que los endeudados tengan un aplazamiento sensato para pactar con sus acreedores.

¿Cuándo se recomienda acudir a estas soluciones?

Esto dependerá de las particularidades de cada empresa. No se aconseja que las compañías asintomáticas se amparen a un concurso de acreedores porque según las estadísticas, la mayoría de las sociedades que lo gestionan, acaban en liquidadas. De todos modos, hay que tener en cuenta el tamaño de la sociedad y cómo se distribuye su pasivo, y en especial si los administradores han garantizado los negocios con sus posesiones privadas.

En la mayoría de los casos, el preconcurso se utiliza para conseguir tiempo, que suele ser una equivocación grave. Se trata de una elección para compañías con dificultades que ven posible lograr pactos de refinanciación o conseguir aceptaciones a una proposición anticipada de acuerdo. Si no hubiera opciones de lograr el pacto anticipado, es mejor no intentarlo. Ya que podría ser desfavorable para los administradores sociales, que pueden encontrarse expuestos e incidir en responsabilidad patrimonial personal, si definitivamente hubiera que solicitarse el concurso de acreedores.

Ley de Segunda Oportunidad

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